El Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha sentado un precedente alarmante en la administración de los recursos públicos al aprobar una inversión de 14 millones de pesos para un sistema centralizado de control de tráfico, operando bajo una total carencia de diagnósticos profesionales. Esta decisión, impulsada por el regidor Víctor Manuel Bernal Vargas, ignora deliberadamente la ruta legal y técnica de cualquier obra pública, pues el estudio integral de semaforización que determinaría las necesidades reales del municipio ni siquiera ha sido entregado.
Ante esta situación, la regidora Melissa Madero cuestionó con dureza la falta de planeación durante la sesión de Cabildo, señalando tajantemente: “No tenemos aún un estudio técnico que nos diga dónde, cómo y de qué tipo debe ser la semaforización. Entonces, ¿cómo vamos a invertir 14 millones de pesos en algo que todavía no ha sido técnicamente definido?”.
La gravedad del asunto aumenta al considerar que la planeación de este gasto millonario —que según funcionarios podría escalar hasta los 200 millones de pesos— ha estado viciada por la participación directa de empresas fabricantes en la etapa de diagnóstico.
El reconocimiento de que la compañía SEMEX ha colaborado en la elaboración de estimaciones de costos sugiere un conflicto de interés que compromete la transparencia de cualquier licitación futura. Al respecto, la regidora Madero advirtió sobre la ilegalidad de este proceder al manifestar que “el proceso está mal; primero el Ayuntamiento debía realizar el estudio técnico y después someterlo a una licitación, no trabajar directamente con una empresa”, evidenciando que se está otorgando información privilegiada a un posible proveedor antes de la convocatoria pública.
Este apresuramiento técnico cobra un matiz recaudatorio cuando se analiza el historial del promovente, Víctor Bernal, quien en noviembre de 2024 impulsó modificaciones al Reglamento de Tránsito para legalizar el uso de dispositivos electrónicos destinados a las infracciones. El hecho de que sea el mismo personaje quien ahora presiona para liberar recursos sin estudios concluyentes sugiere que el sistema de semaforización es solo el vehículo para consolidar el negocio de las fotomultas en la ciudad.
Para financiar este proyecto de vigilancia sancionadora, el Ayuntamiento decidió sacrificar obras de vital importancia social, reasignando recursos que originalmente estaban destinados al rescate de la Isla del Río Cuale, la rehabilitación del Malecón y mejoras en el Parque Lázaro Cárdenas, lo que demuestra una preocupante desconexión con las prioridades de infraestructura básica que demanda la población.
Finalmente, el proceso administrativo actual carece de la secuencia lógica indispensable para garantizar la transparencia: primero el estudio técnico, después la licitación pública y al final la asignación de recursos.
Al invertir el orden, la actual administración no solo genera dudas sobre la legalidad del Acuerdo 132/2025, sino que deja al erario vulnerable ante un proyecto que carece de una hoja de ruta clara y que parece estar diseñado para favorecer a proveedores específicos.
La insistencia de las voces críticas resalta que cualquier inversión de esta magnitud sin un modelo técnico previo es, en esencia, un cheque en blanco que compromete el dinero de los vallartenses sin garantía alguna de que la tecnología adquirida responda a un análisis real de movilidad y no a una estrategia meramente recaudatoria encabezada por Bernal.