El Municipio de Puerto Vallarta aparece en la relación de adeudos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) con un monto omitido de 54 millones 48 mil 812.62 pesos, según una tabla con corte a la segunda quincena de enero de 2026. El dato no es menor: se trata de recursos que deben enterarse de forma periódica y puntual al sistema pensionario, pues corresponden a obligaciones vinculadas con el ahorro y la seguridad social de los trabajadores al servicio del gobierno.
En el documento, Puerto Vallarta figura con tres quincenas vencidas, con fecha inicial del 15 de diciembre de 2025, y con estatus de “requerido”, lo que implica que ya existe un señalamiento formal por parte del instituto para que el gobierno municipal explique o regularice la omisión. Aunque en la tabla no se le clasifica todavía en “proceso jurídico” como a otros entes públicos, la magnitud del adeudo y el hecho de que ya exista un requerimiento colocan el caso en un terreno delicado, sobre todo porque no se trata de una aportación opcional ni de un gasto que pueda postergarse sin consecuencias.
La gravedad del asunto radica en que las cuotas para pensiones no son recursos de libre disposición política. Son fondos que deben entregarse en tiempo y forma porque están ligados al patrimonio laboral de los trabajadores, a su retiro y a sus derechos pensionarios. Por ello, la pregunta de fondo es inevitable: si ese dinero no fue abonado al IPEJAL cuando correspondía, entonces dónde quedó. El faltante abre un serio cuestionamiento sobre el manejo de los recursos públicos en la actual administración, en especial cuando se acumulan señalamientos de opacidad y falta de claridad en diversas áreas financieras del Ayuntamiento.
En ese contexto, la ex oficial mayor Lucky Michel, así como el personal del área financiera del gobierno encabezado por Luis Ernesto Munguía, tendrían que ofrecer una explicación puntual, pública y verificable sobre este manejo opaco de recursos. No basta guardar silencio ni dejar que el tema se diluya entre tecnicismos administrativos. Se necesita esclarecer quién tuvo bajo su responsabilidad estos fondos, por qué no fueron enterados al instituto en tiempo y forma y qué decisiones permitieron que se llegara a este nivel de incumplimiento. De no existir una explicación sólida y documentada, el caso podría escalar a un terreno de responsabilidad legal más serio, precisamente por la naturaleza de los recursos involucrados.
Este adeudo no puede presentarse simplemente como un desfase de caja o un tropiezo burocrático. Se está hablando del dinero que sostiene las pensiones de trabajadores municipales, de recursos que debieron abonarse mes con mes y que, por alguna razón, no llegaron a su destino. Mientras el Ayuntamiento no aclare con documentos y explicaciones creíbles qué ocurrió con esos más de 54 millones de pesos, la sospecha seguirá creciendo: que detrás de esta omisión no solo hay desorden financiero, sino un nuevo episodio de manejo opaco en una administración que cada vez tiene más cosas por explicar.
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