Parece que en el actual gobierno de Puerto Vallarta, la libertad de pensamiento se ha vuelto un motivo de despido. Lo que debería ser una administración enfocada en resolver los baches o la basura, hoy parece más concentrada en vigilar quién apoya y quién no al proyecto oficial.
Y es que, al más viejo y horroroso estilo de una dictadura del terror, el Gobierno de Luis Munguía ha activado su «Policía Política del Tucán» para vigilar y castigar a los trabajadores municipales que no apoyen su imagen y no asistan a sus eventos del Partido Verde, o bien, expresen opiniones de crítica y señalamientos.
Uno de los puntos más delicados y recientes es el despido de Elvira Miramontes. A ella no la retiraron por faltar a sus deberes o por mal desempeño; la razón de que la corrieran del Ayuntamiento, fue su participación en las protestas para exigir justicia por el caso de Clarisa Rodríguez.
A pesar de que Elvira se encontraba bajo una incapacidad médica, su aparición en videos y fotos de la manifestación fue suficiente para que el Ayuntamiento la llamara «un perjuicio político» para la imagen del alcalde. Básicamente, se le castigó por ejercer su derecho como ciudadana a pedir justicia en un caso que conmovió a toda la región.
La situación no termina ahí. La regidora Melissa Madero también denunció que su equipo de trabajo fue desmantelado. De un momento a otro, el personal que la apoyaba en su labor de vigilancia y atención ciudadana fue despedido sin una justificación clara.
Para muchos, esto es una estrategia para «cortar las manos» a la oposición. Si una regidora no tiene equipo, le es mucho más difícil revisar cuentas, proponer mejoras o señalar los errores del gobierno de Luis Munguía. Melissa ha sido clara: esto es una represión política contra quienes no están alineados con el Partido Verde.
Cuando el criterio para mantener un empleo en el gobierno no es la capacidad técnica, ni el desempeño con la ciudadanía, sino la obediencia política, la calidad del servicio público cae. Al Gobierno del Tucán ya no le importa si hay gente capacitada y calificada al frente de las dependencias atendiendo y resolviendo. Luis Munguía quiere lealtad ciega al Partido Verde y apoyo incondicional.
Vallarta no necesita un gobierno que gaste su energía en perseguir a quienes piensan diferente o a quienes marchan por una causa justa. Lo que la ciudad espera es respeto a los derechos laborales y, sobre todo, que el Ayuntamiento sea una institución para todos, no solo para quienes aplauden al presidente, y que resuelva los problemas para los que se pagan los impuestos.
Hoy, la ola de despidos, muchos de ellos silenciosos, continúan. Y muchos más empleados trabajan amenazados de perder el sustento para sus familiares, con la exigencia no de trabajar para el ciudadano, sino para Munguía.
Los mecánicos en el taller municipal no tienen herramientas. Las oficinas del DIF y sus psicólogas no tienen despensas ni insumos. Los Servicios Médicos Municipales operan con doctores sin medicinas. Los choferes del Ayuntamiento trabajan manejando automóviles que no están asegurados. Los que limpian las plazas y el Malecón, tiene que comprar sus propias escobas.
Pero esas condiciones laborales, no son relevantes ni prioridad para el Gobierno de Luis Ernesto Munguía González. Él, quiere que todos aplaudan y apoyen a su desgajado partido. Que en paz descanse su papá, que se fue de este mundo. El presidente municipal ya se quedó huérfano: ¡PORQUE NO TIENE MADRE!
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