La tensa relación entre la administración de la plaza comercial ‘Puerto Mágico’ y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta alcanzó un punto crítico. La pugna, centrada en la negativa de ‘Puerto Mágico’ a cumplir con la regulación municipal de sus locales comerciales, ha derivado en una inédita amenaza: el posible uso de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) para obstaculizar cualquier inspección por parte del personal de Reglamentos.
El meollo del conflicto radica en el incumplimiento sistemático por parte del concesionario y sus locatarios, de las obligaciones que rigen a cualquier contribuyente en la ciudad. Al igual que el resto de negocios, incluidos los del aeropuerto en zona federal, los locales de ‘Puerto Mágico’ deben contar con licencias y permisos de operación municipales, un requisito que la plaza ha eludido.
A pesar de que los negocios en ‘Puerto Mágico’ –que incluyen rentas de alto costo– son idénticos a cualquier otro establecimiento comercial en la ciudad en términos de obligaciones fiscales y de reglamentos, sus administradores han mantenido una postura de resistencia. La ley es clara: los locales deben contar con la documentación en regla para funcionar, incluso aquellos ubicados en zona federal antes de los filtros de seguridad, como ocurre en el aeropuerto.
Pero ocurrió que la Dirección de Reglamentos intentó llevar a cabo inspecciones de rutina, desatando la molestia entre los socios. Uno de ellos, el canadiense Dino Regehr escaló el conflicto al señalar la presencia de la Marina Armada de México, ubicada en la concesión portuaria de la plaza, como barrera para impedir la acción municipal, mencionando que esta táctica se había empleado previamente.
Este desafío no solo obstaculiza la recaudación de impuestos y el cumplimiento normativo, sino que también sienta un peligroso precedente: la posibilidad de que una entidad privada utilice la infraestructura de seguridad federal –destinada a la protección y aduanas en el muelle de cruceros– para proteger intereses comerciales privados de la fiscalización local.
Por lo pronto, el Ayuntamiento mantiene su posición de hacer cumplir la ley, mientras la ciudad espera la respuesta oficial ante la insólita posibilidad de convertir a la Marina en un «escudo» empresarial para evitar pagar permisos y licencias.