Pocas veces se puede ser tan miserable en la escena pública como cuando se privatiza un bien público para el beneficio de particulares, abusando de la posición de poder. Eso es un delito que tiene nombre y pena en la cárcel. Hemos visto, a lo largo de muchos gobiernos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la venta o privatización de calles, parques y terrenos públicos.
Pero lo que ocurrió hoy en Bahía de Banderas, trasciende lo local. Hoy, las autoridades municipales y estatales confabularon para burlarse de la ley, y darle a una empresa privada un bien que pertenece a toda la nación mexicana. Una playa. Hablamos de Cocinas, en Punta de Mita.
La Constitución mexicana es clara: en la Ley General de Bienes Nacionales se establece que las playas marítimas son bienes de uso común de la nación: el Artículo 7, Fracción IV, define como playas las partes de tierra que cubre y descubre la marea, y el artículo 8 señala que todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las previstas por la ley.
Además, estos bienes forman parte del régimen de dominio público federal, por lo que no se pueden vender como propiedad privada común: su uso especial requiere concesión, permiso o autorización, pero eso no equivale a privatizar ni a impedir el acceso público. La propia ley también advierte que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo terrestre contigua no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo casos excepcionales previstos en reglamento.
La misma Ley General de Bienes Nacionales, en su Artículo 119, establece que cuando la costa presenta playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre —ZOFEMAT— está constituida por una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas. PROFEPA lo resume de la misma forma: la ZOFEMAT es la franja de veinte metros junto a la playa, y su vigilancia corresponde a la autoridad federal ambiental. Por eso, cualquier obra, muro, roca, hotel, desarrollo o acceso controlado que reduzca, bloquee o condicione esa franja debe revisarse bajo ese marco.
Ahora, que el desarrollo Montage Pendry de Grupo DINE pretende construir sobre la playa Cocinas un muro de rocas y zona de acabados para sus condominios de lujo hasta llegar a un par de metros de dónde llegan las olas (ya hizo estos trabajos afectando la playa en sí), el despojo ocurre a todas luces.
Y que el Gobierno Municipal de Héctor Santana pretenda ofrecer 5 metros para la población como «negociación» a favor, no solamente representa una burla, sino el gritar estar cometiendo un delito.
Esa playa tenía más de 20 metros de arena libre antes de las obras. Por lo que el territorio que es bien de la nación, ha sido robado. No hay otra forma de decirlo. Pero tampoco hay una explicación lógica para saber porqué la autoridad municipal permitió esa obra irregular, si claramente violaba los lineamientos federales (claramente las dependencias como PROFEPA o SEMARNAT en sus delegaciones regionales están coludidas).
Sin embargo, no querramos desatar el nudo Gordiano, quebrarnos la cabeza, buscando una explicación legal a este ecocidio y despojo, porque no la hay. No obstante, el crimen de playa Cocinas sí posee una respuesta, que por otro lado es política.
Héctor Santana, alcalde de Bahía de Banderas, le debe lealtad absoluta al gobernador Miguel Angel Navarro Quintero. Este hizo que él fuera candidato a la alcaldía por Morena en el 2024, tras bloquear a la prófuga Mirtha ‘N’ moviendo hilos de las Fiscalía estatal y General de la República.
Santana quiere ser gobernador a toda costa, y Navarro Quintero, le ha dado su bendición para sucederlo, como su opción de precandidatura si el partido Morena escoge hombre. Pero eso tiene un precio, desde un principio: ceder a todo lo que el inquilino de Tepic pida.
Y así lo ha hecho ciertamente Santana, en muchos temas para perjuicio de la autonomía municipal. Pero hoy, lo que afecta no solo a Bahía de Banderas sino a Nayarit y todo México, es el despojo de esta playa.
Una playa que una desarrolladora amiga del gobernador le pide para su beneficio económico exclusivo, dónde venderá noches de hotel, tiempos compartidos y condominios a extranjeros ricos, en espacios que ningún habitante de Punta de Mita podría pagar jamás por disfrutar, ni sus hijos.
Héctor Santana no metió las manos para defender a los ciudadanos, porque simplemente eso va en contra de los intereses del gobernador, quien le prometió ser candidato de Morena para sucederlo en 2027. Así que eso cuesta la playa, y el disfrute de ella por parte futuros badebadenses que aún no han nacido y no tendrán derecho a su uso.
Playa por candidatura, y la apuesta es la de siempre: que se les olvide este escándalo y dejen de protestar, repartir pollos, pasteles y regalos gratis, subir frivolaridades como videos ayudando a señoras y niños enfermos. Mucha producción, poco gobierno de fondo.
Ese es Héctor Santana y su enferma obsesión por llegar a tener más poder. Hoy, sus ambiciones le costaron una playa a los ciudadanos, como muchas otras que a discreción bajo su mandato han sido restringidas. Mañana, no sabemos que más va a entregar Héctor porque se lo pidan desde Tepic. Tenga usted una certeza: a él no le interesan ni las playas, ni que usted y sus hijos las disfruten.
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