La regidora Melissa Madero lanzó un señalamiento crítico contra el Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta y su presidenta, “Lucky” Michel, al advertir que existen denuncias ciudadanas que, desde su perspectiva, no han sido atendidas con la apertura institucional que el caso requiere.
Durante la sesión de Cabildo, la edil afirmó que el organismo ha sido señalado por presuntas irregularidades relacionadas con nepotismo, abuso laboral, influyentismo y posibles anomalías en la entrega de apoyos, por lo que pidió que se garantice el acceso a la información pública y se aclaren los procesos internos.
Madero sostuvo que, al intentar revisar los señalamientos, se ha encontrado con obstáculos para obtener información. Según expresó, ha enfrentado “negativas sistemáticas, retrasos y restricciones para acceder a información pública”, situación que calificó como una posible violación al derecho constitucional de acceso a la información.
La regidora fue más allá y cuestionó directamente la conducción del organismo asistencial, al señalar que la falta de apertura solo profundiza la desconfianza ciudadana hacia una institución que, por su naturaleza, atiende a sectores vulnerables.
“Cuando una institución encargada de atender a los más vulnerables decide esconder información, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué es lo que realmente se intenta ocultar”, sentenció Madero durante su posicionamiento.
El señalamiento coloca nuevamente al DIF Vallarta bajo escrutinio público, no por una acusación judicial confirmada, sino por la exigencia política de transparentar su operación, responder a las dudas ciudadanas y permitir que la revisión institucional avance sin reservas.
La crítica de Madero también apunta a un tema sensible: el uso de los programas sociales y los apoyos públicos. En municipios turísticos como Puerto Vallarta, donde conviven zonas de alta derrama económica con colonias que aún enfrentan rezagos, cualquier señalamiento sobre opacidad en el área asistencial tiende a generar preocupación social.
Hasta el momento, el DIF Municipal y su presidenta no han emitido una postura pública amplia sobre los señalamientos expuestos por la regidora. Sin embargo, el llamado abre la puerta a que el Ayuntamiento precise si existen investigaciones internas, solicitudes de información pendientes o mecanismos de revisión sobre los casos denunciados.
Más allá del choque político, el punto de fondo es institucional: el DIF Vallarta deberá demostrar que sus apoyos, contrataciones y decisiones administrativas se manejan con criterios claros, verificables y alejados de cualquier práctica discrecional. En una dependencia dedicada a la asistencia social, la transparencia no es un gesto opcional, sino una condición mínima de confianza pública.
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