El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, una institución que históricamente había sido el rostro más humano del Gobierno Municipal, atraviesa hoy una etapa que muchos dentro y fuera de la administración describen como la más desdibujada de su historia reciente. Bajo el gobierno del alcalde Luis Ernesto Munguía González, el organismo que debería ser el primer refugio institucional para los sectores más vulnerables parece haber perdido tamaño, rumbo y propósito.
Durante décadas, el DIF municipal fue concebido como una instancia de atención social directa: un espacio donde los problemas que no resolvía la economía ni la política pública encontraban al menos acompañamiento, asistencia y, en ocasiones, soluciones urgentes. Sin embargo, en la actual administración, diversas voces señalan que el organismo ha quedado reducido a una estructura burocrática sin capacidad real de respuesta, con recursos escasos para la atención social, pero con movimientos administrativos que levantan sospechas sobre el uso de sus finanzas.
Dentro del propio entorno político local se comenta que el DIF habría terminado operando, en los hechos, como una suerte de caja chica vinculada a proveedores y negocios cercanos al asesor del alcalde, Héctor Briseño, amigo personal de Munguía. Bajo la gestión que encabezó hasta enero pasado Claudia Peña, ex esposa de Briseño y figura que llegó al cargo sin trayectoria pública en Puerto Vallarta, la institución habría entrado en un periodo de debilitamiento administrativo y financiero que hoy se refleja en la reducción de sus programas y en la ausencia de nuevas políticas sociales.
Peña, cuya principal carta de presentación política fue haber sido candidata cercana al grupo de Munguía en el municipio serrano de Guachinango, dejó tras de sí un DIF con menor presencia pública y con finanzas presuntamente comprometidas. Mientras tanto, la realidad social del destino turístico continúa mostrando problemáticas que exigen justamente la intervención de un sistema de asistencia social robusto.
Una de las más visibles es la presencia creciente de personas sin hogar en calles, avenidas y zonas turísticas. Hombres y mujeres que viven a la intemperie, muchos de ellos con problemas de salud mental o enfermedades crónicas, sobreviven entre banquetas, parques y espacios públicos. El fenómeno, cada vez más notorio, no ha encontrado una estrategia clara por parte del DIF. La discusión pública suele reducirse a si estas personas incomodan o no al turismo, pero el fondo del asunto es otro: la falta de programas de atención integral que les permitan recuperar salud, estabilidad emocional y, en los casos posibles, reintegrarse con sus familias o comunidades.
Tampoco el trabajo infantil parece figurar en la agenda del organismo. En las zonas de bares y restaurantes del centro de la ciudad y en áreas turísticas es cada vez más común ver a niños que venden dulces o piden dinero entre mesas y calles concurridas. El problema, lejos de disminuir, se ha normalizado ante la ausencia de operativos sociales sostenidos que busquen proteger a estos menores y garantizar su permanencia en la escuela.
El silencio institucional también alcanza temas que han colocado a Puerto Vallarta en conversaciones internacionales incómodas. Los archivos vinculados al caso Epstein, que mencionan al destino turístico en al menos 17 ocasiones como punto de operaciones dentro de una red de explotación sexual infantil que es uno de los escándalos más graves de la era moderna en materia de delitos contra menores a nivel mundial. A pesar de la gravedad del asunto y de la relevancia que tiene para la protección de niñas, niños y adolescentes, el DIF municipal no ha generado posicionamientos, programas preventivos ni iniciativas públicas para abordar el tema.
El discurso de «la niñe va ganando» se cae cuando también recordamos aquella fuga de los niños del Albergue Nueva Vida, dónde los menores señalaron que eran maltratados y no tenían comida, situación ante la que el DIF calló y pidió censura.
Mientras tanto, la experiencia cotidiana de quienes acuden al organismo en busca de apoyo suele resumirse en una misma respuesta: no hay recursos. Despensas escasas, programas suspendidos o inexistentes y trámites que terminan en negativas administrativas forman parte del relato de ciudadanos que llegan al DIF esperando encontrar ayuda.
La situación tampoco parece distinta dentro de la propia institución. En el área de atención a mujeres vulnerables, trabajadoras han señalado condiciones laborales precarias, especialmente entre psicólogas y personal de apoyo que enfrenta cargas de trabajo elevadas con salarios limitados. A esto se suman denuncias públicas como la realizada por la ex empleada Karla Zuno, quien acusó la existencia de prácticas de violencia de género dentro del mismo organismo que, paradójicamente, debería combatirlas.
En lugar de funcionar como un espacio solidario para la atención de quienes más lo necesitan, el DIF municipal es señalado por trabajadores y observadores como una estructura administrativa dominada por nóminas alineadas al proyecto político del alcalde y por directivos que operan con prepotencia interna. La distancia entre la misión social del organismo y su funcionamiento actual parece cada vez más evidente.
Así, mientras Puerto Vallarta enfrenta problemas sociales que exigen sensibilidad, intervención institucional y políticas públicas sostenidas, el sistema que debería encabezar esa respuesta parece reducido a una sombra de lo que fue. El DIF, creado para ser el corazón social del municipio, atraviesa hoy un momento en el que su ausencia pesa más que su presencia. Y en una ciudad donde la vulnerabilidad existe aunque no siempre se quiera mirar, esa ausencia termina siendo una forma silenciosa de abandono.
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