Una denuncia ciudadana encendió cuestionamientos sobre la operación del llamado Bazar Joven, luego de que circulara una conversación en la que presuntamente se informa a emprendedores que el costo para participar en la próxima edición será de mil pesos por un espacio de 3×3 metros, pese a tratarse de una actividad vinculada con el Instituto Municipal de Atención a la Juventud y realizada en espacios públicos.
De acuerdo con las capturas difundidas, el pago incluiría “publicidad del evento y tu emprendimiento”, presentaciones de artistas invitados, DJ, banda, un día de bazar y la promesa de un evento con alrededor de 3 mil estudiantes. Sin embargo, la inconformidad surgió porque no se aclara públicamente quién recibe ese dinero, si entra a Tesorería Municipal, si existe recibo oficial, si fue autorizado por Padrón y Licencias o si se trata de una cuota operada por terceros.
El reclamo ciudadano se centra en una contradicción: si el evento es promovido desde una instancia municipal que ya cuenta con presupuesto público, la participación de jóvenes emprendedores debería manejarse bajo criterios de apoyo social, transparencia y gratuidad o, en su caso, con reglas claras de cobro oficial. En redes, varios usuarios señalaron que cobrar mil pesos a jóvenes que apenas buscan vender sus productos puede excluir precisamente a quienes más necesitarían el respaldo institucional.
El antecedente inmediato es que el propio Bazar Joven ha sido difundido como una actividad de impulso a la cultura urbana y al emprendimiento juvenil. En publicaciones anteriores se presumió la participación de más de 40 emprendedores jóvenes y artistas locales, con actividades como rap, patinaje y baile. Esa narrativa de apoyo juvenil es la que ahora queda bajo tensión frente a la denuncia por cobros.
La polémica también alcanza a Herova Olmos, directora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud y figura cercana al gabinete del alcalde Luis Munguía, pues la falta de explicación pública deja abierta una pregunta elemental: ¿se trata de una cuota oficial, de una recuperación operativa autorizada o de un esquema privado montado sobre un evento municipal?
El punto delicado no es únicamente el monto, sino la naturaleza del espacio y de la institución. En Puerto Vallarta, el reglamento municipal en materia de comercio, tianguis, eventos y espectáculos define el permiso como una autorización y comprobante de pago expedidos por el Ayuntamiento para ejercer comercio en vía pública. Es decir, si hay cobro por uso de espacio público, tendría que existir una ruta formal, documentada y fiscalizable. Además el cobro es muy caro y arriba de los precios de mercado se otros espacios privados en la ciudad.
La normativa municipal sobre comercio y giros establece que para ejercer actividades comerciales o realizar espectáculos públicos se requiere licencia o permiso expedido por el Ayuntamiento. Esto vuelve indispensable aclarar si los espacios del Bazar Joven fueron autorizados formalmente, bajo qué concepto, con qué tarifa y a favor de qué cuenta pública o privada.
En materia de responsabilidades administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco contempla el uso indebido de recursos públicos cuando una persona servidora pública se apropia, desvía o utiliza recursos para fines distintos a los autorizados. Esa hipótesis no significa que el caso ya constituya una falta, pero sí obliga a transparentar si hubo recursos públicos, cobros, patrocinios, permisos o beneficios particulares alrededor del evento.
También existe una posible lectura penal en caso de que se comprobara que algún servidor público recibió, desvió o permitió el aprovechamiento irregular de dinero o bienes públicos. En Jalisco, documentos del propio sistema anticorrupción identifican figuras como peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades dentro del Código Penal estatal, aplicables cuando se acredita el uso indebido de recursos o facultades públicas.
Por ahora, lo difundido públicamente no prueba por sí solo un delito. Pero sí coloca al Ayuntamiento ante la obligación política y administrativa de aclarar la dinámica: quién convocó, quién cobró, bajo qué autorización, si se entregaron recibos oficiales, si el dinero fue reportado a Tesorería y si el Instituto de la Juventud participó directamente o únicamente prestó imagen institucional.
La opacidad en este tipo de eventos resulta especialmente sensible porque involucra a jóvenes emprendedores, muchos de ellos sin capital suficiente para pagar espacios comerciales. Un programa municipal de juventud no debería convertirse en filtro económico para acceder al espacio público, salvo que exista una justificación formal, proporcional y transparente.
Hasta el momento, la denuncia ciudadana deja una pregunta de fondo: si el Bazar Joven nació como una plataforma pública de apoyo, ¿por qué terminó señalado como un posible negocio con espacios de mil pesos? La respuesta no puede quedar en comentarios de redes; debe venir con documentos, permisos y cuentas claras.
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