Este miércoles ocurrió la clausura de las obras en el muelle de Boca de Tomatlán que realizaba ilegalmente el Ayuntamiento, lo cuál abrió un nuevo frente incómodo para el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, luego de que personal de Protección Civil Jalisco detectara intervenciones inadecuadas en una infraestructura prácticamente nueva, entregada apenas en septiembre de 2024 como parte de una obra estatal.
De acuerdo con la información oficial, el Ayuntamiento impulsó trabajos para instalar una cubierta o techumbre sobre el muelle, pero las maniobras incluyeron perforaciones e intervenciones en la losa que no habrían sido notificadas ni validadas previamente por las autoridades estatales responsables de supervisar la seguridad estructural del sitio. El caso resulta especialmente delicado porque no se trata de una obra vieja ni deteriorada por el paso del tiempo, sino de una infraestructura reciente, con alrededor de año y medio de uso.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco procedió a clausurar los trabajos al advertir posibles afectaciones derivadas de la colocación de estructuras metálicas para el techado. La medida dejó en evidencia que el municipio habría actuado de manera unilateral sobre un muelle construido y entregado por el Gobierno de Jalisco, sin contar con todos los diagnósticos, permisos, autorizaciones o ajustes técnicos necesarios para intervenir una zona marítimo-terrestre de alta afluencia.
El propio alcalde Luis Ernesto Munguía González, acorralado por la vergüenza en plena visita del gobernador Pablo Lemus, tuvo que reconocer que su administración actuó a pulso y que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco identificó “intervenciones de excavación inadecuadas” relacionadas con la instalación de una cubierta o toldo. Aunque sostuvo que las afectaciones preliminares estarían vinculadas principalmente con las losas y no con la estructura general del muelle, el hecho obligó al Ayuntamiento a aceptar correcciones, reparaciones y un diagnóstico que descarte daños estructurales mayores.
La postura del Municipio quedó así en una posición incómoda: por un lado, buscaba presentar la instalación de sombra en el muelle como una mejora para usuarios y visitantes; por otro, tuvo que reconocer que la obra deberá ajustarse a lo que determine la SIOP, después de que el estado frenó los trabajos por posibles daños a una infraestructura nueva. En términos prácticos, el Ayuntamiento tendrá que acatar las observaciones estatales, reparar lo intervenido y garantizar que la empresa contratada se apegue estrictamente al diseño autorizado. Esto representa un gasto al erario que no se tenía contemplado, todo por improvisar.
El muelle de Boca de Tomatlán mantiene una importancia operativa clave para Puerto Vallarta y la región costera, pues diariamente es utilizado por habitantes, prestadores de servicios y turistas que se trasladan hacia comunidades del sur del municipio y de Cabo Corrientes. Por ello, cualquier intervención sobre su estructura exige no solo permisos administrativos, sino plena certeza técnica, ya que una falla en ese punto no tendría únicamente consecuencias materiales, sino también riesgos para la movilidad y la seguridad de miles de usuarios.
Aunque el muelle continúa abierto y en operación, la clausura de la obra deja una lectura política y administrativa clara: el Municipio intervino una obra que no le corresponde mantener y lejos de ayudar, ahora la dañó.
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