La regidora Melissa Madero acusa al Ayuntamiento y a la Comisaría de Seguridad Pública de una omisión grave y reiterada al negar el dispositivo de protección “Pulso de Vida”, pese a existir riesgo documentado, un proceso penal activo y oficios urgentes emitidos por instancias estatales.
Puerto Vallarta, Jalisco.— La negativa reiterada del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para entregar y activar el dispositivo de protección “Pulso de Vida” derivó en una denuncia formal por violaciones a derechos humanos presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, al considerar que la omisión institucional mantiene en riesgo inminente la integridad y la vida de una mujer víctima de violencia.
La queja señala directamente al Presidente Municipal, Luis Ernesto Munguía González, y a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta como autoridades responsables de ignorar de manera sistemática solicitudes formales, oficios y advertencias expresas sobre la urgencia del caso, pese a contar con pleno conocimiento del contexto de riesgo.
Protección ordenada, pero nunca ejecutada
Desde agosto de 2025, tras la vinculación a proceso del agresor (empleado municipal) por delitos de acoso, la víctima solicitó formalmente el dispositivo “Pulso de Vida” ante el Centro de Justicia para las Mujeres. La petición fue reiterada en noviembre del mismo año, sin que se concretara la entrega, a pesar de que las medidas cautelares vigentes resultaron insuficientes para frenar el hostigamiento.
La omisión se agravó cuando, el 5 de febrero de 2026, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco emitió un oficio urgente por tercera ocasión, instruyendo al Ayuntamiento y a la Comisaría a asignar de inmediato el dispositivo de protección. Un día después, la afectada presentó nuevamente los oficios de manera física en las oficinas municipales para reforzar la solicitud; la autoridad acusó recibo, pero volvió a incumplir.
Una omisión que pone en peligro la vida
De acuerdo con la denuncia, esta falta de acción no constituye un retraso administrativo menor, sino una omisión institucional grave que vulnera derechos fundamentales, al impedir la materialización de una medida de protección tecnológica diseñada precisamente para prevenir agresiones de consecuencias irreparables.
El escrito sostiene que el Ayuntamiento incurre en falta de debida diligencia reforzada, al dilatar injustificadamente la implementación de una medida urgente en un contexto de violencia contra una mujer, contraviniendo obligaciones constitucionales, legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Exigen medida cautelar inmediata
Ante la gravedad del caso, se solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la emisión de una medida cautelar inmediata, ordenando a las autoridades municipales la entrega, activación y capacitación del dispositivo “Pulso de Vida” en un plazo no mayor a 12 horas, así como la presentación de un informe que explique por qué se ignoraron reiteradamente las solicitudes realizadas desde agosto de 2025.
Cuando el Estado falla, el riesgo es real
El caso documenta un patrón preocupante. Las órdenes existen, la tecnología existe y el riesgo está plenamente acreditado, pero la autoridad municipal no actúa. En los hechos, la protección queda en el papel y la víctima permanece expuesta.
La denuncia coloca al gobierno municipal de Puerto Vallarta bajo el escrutinio de los organismos de derechos humanos, al evidenciar que no entregar un mecanismo de protección, cuando se sabe que existe peligro, también constituye una forma de violencia institucional.