Hoy, se sabe que miles de niños y adolescentes de las escuelas públicas de Puerto Vallarta se encuentran en un estado de desamparo institucional al carecer de la protección que brindaba el seguro contra accidentes con cobertura en hospitales privados. Esta carencia no es un simple detalle técnico, sino una amenaza directa a la integridad de los 43 mil 695 estudiantes que iniciaron el ciclo en enero de 2026 sin la garantía de una atención médica especializada inmediata. La interrupción de este servicio vital refleja una gestión que ha fallado en proteger a su sector más vulnerable, dejando a las familias vallartenses en la incertidumbre total mientras sus hijos ocupan las aulas sin el respaldo hospitalario que se les había prometido.
El origen de este vacío de seguridad se encuentra en una preocupante falta de previsión administrativa, confirmada por un oficio emitido el 30 de enero de 2026 por el subdirector de Programas Sociales, Pablo Ariel Jiménez Díaz. En dicho documento se admite que la licitación pública para contratar el seguro fue declarada desierta, lo que obligó a reiniciar el trámite burocrático desde cero en pleno periodo escolar. Como solución temporal, el Gobierno Municipal ha decidido derivar las urgencias médicas a la Dirección Municipal de Promoción de la Salud, a cargo de Miguel Ángel Suárez Ornelas, una medida que expertos y padres de familia consideran insuficiente dada la saturación y la limitada infraestructura del sistema de salud pública del Ayuntamiento, apenas competente.
Esta regresión operativa es especialmente grave si se considera que en ejercicios previos el programa operaba con éxito, llegando a contar en marzo de 2025 con un presupuesto de 9 millones de pesos para cubrir accidentes tanto en los planteles como en los trayectos escolares.
El contraste es alarmante: mientras en el pasado se garantizaban hasta 43 mil pesos de cobertura por alumno en instalaciones privadas de primer nivel, hoy la desidia administrativa ha dejado a más de 24 mil alumnos de primaria y 6 mil de preescolar a merced de clínicas municipales rebasadas. Los reportes de impagos que surgieron a finales de 2025 ya daban señales de que el bienestar de la niñez no estaba siendo una prioridad en la ejecución presupuestal de la actual administración.
Al obligar a los estudiantes a depender de un sistema médico municipal criticado por su falta de especialistas, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta está imponiendo una atención de segunda categoría a quienes más necesitan protección.
Especialistas en políticas públicas señalan que declarar desierta una licitación de esta magnitud revela deficiencias profundas en la planeación y una desconexión total con las necesidades de la población escolar.