La esperanza se apagó esta mañana, pero encendió una hoguera de indignación que recorre cada rincón del puerto: Clarisa Rodríguez ha muerto. Tras días de agonía en terapia intensiva, el cuerpo de la joven madre no resistió las devastadoras lesiones provocadas por un conductor ebrio, convirtiendo el dolor de una familia en un grito de guerra colectivo.
La noticia de su fallecimiento ha caído como una losa sobre la ciudadanía, transformando las cadenas de oración en una exigencia feroz de justicia que ya no admite promesas vacías ni «mesas de diálogo».
El fallecimiento de Clarisa desnuda la podredumbre de un sistema que falló desde el minuto uno. La rabia popular apunta directamente a la yugular del Ayuntamiento y de la Fiscalía, señalados por una cadena de omisiones criminales. La narrativa es clara y brutal: a Clarisa no solo la mató un conductor irresponsable; la remató la negligencia de los policías municipales viales que, en la escena del crimen, presuntamente permitieron que el culpable evadiera la justicia, no aseguraron las pruebas de alcoholemia ni al conductor, y dejaron ir al verdugo frente a los ojos de todos.
¿Dónde están esos agentes? Es la pregunta que retumba en las calles. La paciencia de Puerto Vallarta se ha roto. Mientras el Ayuntamiento se limita a anunciar la «separación del cargo» de los oficiales involucrados (que no ha ocurrido), la ciudadanía exige verlos esposados y presentados ante un juez, no simplemente suspendidos.
La percepción es de un encubrimiento descarado: uniformados protegiendo a un criminal mientras una madre de 31 años perdía la vida. La Fiscalía, por su parte, guarda un silencio que aturde, sin ofrecer avances claros sobre la recaptura del conductor prófugo ni sobre los cargos penales contra los servidores públicos que facilitaron su huida.
Hoy, Vallarta no duerme. La muerte de Clarisa deja a un esposo viudo, a un hijo huérfano y a una sociedad harta de que la justicia sea una mercancía negociable. Las avenidas que ayer se bloquearon por esperanza, hoy amenazan con cerrarse por justicia absoluta. No es un accidente, es un crimen de Estado por omisión, y la advertencia es lapidaria: si no entregan a los policías responsables y al conductor asesino, la ciudad entera está dispuesta a paralizarse hasta que los culpables paguen cada lágrima derramada por Clarisa.
Olvidemos la falla en la recolección de basura porque desviaron el dinero, olvidemos los impuestos injustos que han subido este mes de enero, olvidemos las mentiras del Ayuntamiento en Mismaloya o el pésimo gobierno actual. Esto es personal con todos los ciudadanos: si ayer le pasó a Clarisa, mañana le puede pasar a cualquiera.